Cuando la pandemia de coronavirus irrumpió en España a finales de enero y las Unidades de Cuidados Intensivos comenzaron a recibir enfermos de COVID-19 poco más tarde, nadie pudo prever el drama que se desataría después. Ni los poderes públicos ni los profesionales sanitarios fueron capaces de atisbar en un principio la magnitud de la odisea sobrevenida en marzo y abril, con una presión hospitalaria inasumible y un problema bioético difícil de resolver: la priorización de unos recursos a todas luces insuficientes.
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