Acorde al mandato estatal, los trabajadores de la salud en hospitales y hogares de ancianos en todo el estado, perderán sus puestos de trabajo si deciden no vacunarse. Esta situación los ha llevado a comenzar una carrera legal que ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. El punto crítico, es que no sólo están siendo presionados para recibir la vacuna COVID-19 bajo amenaza de ser despedidos, sino que tampoco se respetarían las exenciones religiosas
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