Ucrania ha buscado una vía indirecta basada en un tratado del que ambos países son parte: la Convención contra el Genocidio, cuyo artículo noveno establece que "las controversias (...) relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio (...) serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las partes". Los presuntos perpetradores piden a la Corte que "estudie y declare si actos de genocidio han sido cometidos en las provincias de Luhansk y Donetsk".
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