La justificación del Gobierno para no defender al juez Pablo Llarena no ha sobrevivido ni siquiera el fin de semana. La vicepresidenta, Carmen Calvo, argumentó el viernes que el Ejecutivo no puede defender a miembros del Poder Judicial, pero un convenio firmado en 2010 entre el Ministerio de Justicia y el propio Poder Judicial establece lo contrario. El acuerdo sigue vigente y "articula la colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial con el fin de que los jueces y magistrados.
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