La prohibición legal de hacer nombramientos cuando el mandato del Consejo General del Poder Judicial está finalizado fue una idea del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) para forzar al PP a llevar a cabo la renovación. Pero la medida, aprobada de urgencia por el Congreso de los Diputados a través de una proposición de Ley, no tuvo los efectos esperados. El bloqueo para la renovación continua mientras el problema de la falta de magistrados en el Supremo por la imposibilidad de nombrar cargos judiciales se ha ido agravando con el paso del tiempo.
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