La compañía, adjudicataria de varios contratos de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid y una de las principales contratistas de la empresa de aguas madrileña el Canal de Isabel II, fue registrada por la GC en 2017 por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en busca de pruebas del presunto desvío de fondos de empresas públicas, principalmente el Canal de Isabel II, para financiar ilegalmente al PP de Madrid y el lucro personal de González. Esta no es la única causa con la que se ha relacionado al empresario.
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