La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha explicado que esta reforma, que ahora inicia su trámite parlamentario como proyecto de ley, está orientada a cumplir tres demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras, reducir los trámites administrativos de la gestión de la I+D+I y garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+I, alineada con los objetivos de la Unión Europea.
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