El Gobierno no cuenta con el aval del Consejo de Estado para ejecutar las fianzas depositadas en su día por las concesiones de autopistas de peaje de última generación y que ahora han tenido que ser rescatadas por el Estado debido a su situación de quiebra. Tras el rescate de las concesionarias, el Gobierno pretendió incautarse de las fianzas referenciadas tanto a la construcción de las autopistas como a su explotación, lo que motivó que las empresas afectadas acudieran a los tribunales para impedirlo.
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