El poder legislativo no predica con el ejemplo. Doce años después de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, el Congreso de los Diputados sigue sin contar con el Plan obligatorio que esta norma exige a las empresas para garantizar que las mujeres y los hombres reciben el mismo trato en los centros de trabajo y evitar así cualquier tipo de discriminación. Una carencia que supone una infracción "muy grave" y puede conllevar multas de hasta 187.515 euros.
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