El Congreso de los Diputados aprobó en septiembre la declaración de situación de emergencia climática en España, aunque la Cámara Baja no parece muy dispuesta a predicar con el ejemplo, a tenor de los casi inexistentes criterios medioambientales que incluye la licitación para el suministro eléctrico de las instancias dependientes de la institución. Al contrario de lo que sucede con un buen número de Administraciones Públicas, el Congreso no exigirá a las compañías que pujen por el contrato que oferten una energía 100% renovable.
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