El Gobierno acusó a la empresa Lastiff SL de comprar por 400.000 euros en julio del 2011 dos sociedades, una de las cuales era dueña del barco francés Le Stiff. La Administración le abrió expediente porque consideró que esa compra se había realizado con los ingresos procedentes de la actividad pirata del Viking, que tenía una caja común. Los funcionarios descubrieron que salió dinero de esa caja para pagar la compra del Le Stiff. Por medio, se cruzó un préstamo a 30 años sin intereses para financiar la operación entre sociedades entrelazadas.
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