Torrescamara, una de las adjudicatarias, no es nueva en el radar de la polémica. Junto a Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), su historial incluye un contrato de 97 millones de euros para construir un tramo de la A-12, que ha sufrido reiterados retrasos y un sobrecoste de al menos 12,6 millones. Además, ambas empresas han sido vinculadas a un presunto caso de corrupción durante la gestión de José Luis Ábalos como ministro de Fomento. Según investigaciones, el constructor José Ruz, propietario de LIC, habría transferido 70.000 euros a cue
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