La Delegación del Gobierno solicitó la declaración de nulidad de la actuación alegando que el ordenamiento jurídico vigente "no permite en edificios públicos más colocación que la bandera española, de la comunidad autónoma, de la Unión Europea y de la local". Además, sostiene que la actuación "vulnera el principio de neutralidad política que deben mantener las instituciones en su actividad".
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