Según el pronunciamiento judicial, la actividad de la organización contaba con la cobertura de un agente del instituto armado, destinado en la unidad que se encarga de vigilar el litoral para detectar embarcaciones, el cual facilitaba al jefe del grupo sus turnos de trabajo "para que las operaciones tuvieran lugar en los días que él estaba de servicio, a fin de que las embarcaciones llegaran cuando ya se había retirado el servicio". De igual modo, la organización recibía la ayuda de un agente de la Policía Local de Nerja quien
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