Según la Fiscalía es “constitucionalmente inasumible” permitir que la jurisdicción penal pueda “fiscalizar sistemáticamente la 'legalidad' de los proyectos de ley antes –o al margen– de su toma en consideración, su valoración, enmienda y aprobación o no por los Parlamentos”. En este caso proyectos de presupuestos que, año tras año, eran aprobados posteriormente en el Parlamento regional. Los jueces, critica la Fiscalía, han intentado disociar sus decisiones y su papel como político y eso ha llevado a aplicar el Código Penal a un proceso irregul
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