Pena máxima de cuatro años y ocho meses de inhabilitación para actividades relacionadas con animales y doce meses de cárcel para el propietario y el encargado de dos explotaciones ganaderas. Dado que no hay antecedentes ni responsabilidad civil, se ha decretado la suspensión de la pena privativa de libertad, a no ser que vuelvan a delinquir en los próximos tres años. «Se trata de la mayor pena posible contemplada por la ley actual, y una de las mayores condenas a maltrato a animales de granja en España»
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