El gobierno de Esperanza Aguirre y el entonces rector Pedro González Trevijano dieron por bueno para validar las ayudas y convenios un reglamento interno del propio instituto que nunca llegó a estar aprobado y que, por tanto, no respetaba los cauces legales. Ese reglamento interno fue utilizado por la Comunidad de Madrid para habilitar al IDP como receptor de subvenciones públicas. En 2007, el instituto de Álvarez Conde pidió una subvención regional para poner en marcha una investigación y el gobierno madrileño, presidido entonces por Aguirre..
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