El Gobierno pretende aprobar una nueva normativa para la factura de electricidad, que supondría otro brutal aumento de la cuota fija del recibo (relativa a la potencia contratada), y bajaría artificialmente el precio de los kWh consumidos. Con ello, se aseguran unos ingresos fijos para las grandes eléctricas, con independencia del ahorro energético que realice el consumidor.
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