Con la excusa de reactivar la economía tras la Covid-19, varias comunidades autónomas, con Andalucía y Madrid a la cabeza, anuncian reformas en la ley del suelo. Una posible relajación de exigencias desembocaría en la desprotección de muchos recursos patrimoniales, tanto naturales como culturales. “Simplificación” y “flexibilidad” son dos palabras comodín en la legislación liberal. Desde hace tiempo se vienen aprobando normas que relajan los requisitos para la construcción.
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