Nos enterábamos la pasada semana y nos quedamos boquiabiertos. Según el Tribunal de Cuentas, alrededor de 30.000 fallecidos seguían cobrando una pensión por parte del Estado en el año 2014. Este desembolso a todas luces erróneo se elevaría a 300 millones de euros anuales -a razón de 25 millones mensuales-, una cifra que, de ser cierta, bien debería sonrojar al Gobierno.
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