En vez de financiar soluciones que frenen la crisis ambiental, los gobiernos del mundo han dedicado 5 billones de dólares por año a las subvenciones de combustibles fósiles. Los activistas que se enfrentan a estas políticas e industrias contaminantes son sujetos a un proceso de demonización, impulsado por lobbies de financiación oscura, que culmina en la criminalización de la protesta social. Filipinas encabeza la lista de gobiernos que incitan el asesinato de ambientalistas, según la ONG Global Witness.
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