Hay dos premisas que, aplicadas a la compra de vacunas, se tambalean. La primera, que la contratación pública es transparente; la segunda, que cuanto más rico es un país, más paga a las farmacéuticas por la adquisición de cada dosis. Ni una ni otra se cumplen del todo cuando hablamos de la relación entre laboratorios y gobiernos.
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