La comisión pidió a las autoridades españolas que reformaran las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal manera que “no puedan interpretarse de modo que anulen la despenalización de la organización de un referéndum ilegal” en 2005 o den lugar a “sanciones desproporcionadas para las transgresiones no violentas ”, para“ considerar indultar o liberar ”de la prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional y las manifestaciones masivas pacíficas relacionadas.
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