Diego García Arias, uno de los principales exdirectivos de Inassa (la filial del Canal de Isabel II en Sudamérica) investigado por pagar y recibir mordidas, ha decidido reclamar a la Comunidad de Madrid 300.000 dólares (250.000 euros) por lo que él considera un despido improcedente. Alega que tenía un contrato blindado que le habilitaba a cobrar esa cantidad si Inassa decidía prescindir de sus servicios sin causa justificada. García Arias ha reconocido que se llevó 900.000 dólares en la operación en que también cobró Ignacio González.
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