España ha sacado todo su arsenal diplomático para tratar de salvar el capital de una empresa española en Colombia. El choque legal entre el Gobierno de Iván Duque y el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid, está servido. El Ministerio de Exteriores y la embajada española realizan contactos al más alto nivel para solucionar el problema. El país sudamericano ha aplicado una ley diseñada contra paramilitares y narcos para expropiar y vender las acciones con las que controlaba la empresa Triple A.
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