El centro Iris de Albacete fue sancionado con 9.000 euros en 2014 porque la Consejería de Sanidad consideró que durante las intervenciones debía estar presente un ginecólogo. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva menciona que los abortos deben realizarse bajo la supervisión de un especialista, pero no que éste deba ser ginecólogo ni estar presente en la intervención. La clínica, que fue inspeccionada veinte veces en cinco meses, ha recurrido en los tribunales la sanción de la Consejería de Castilla La Mancha, entonces bajo el gobierno del PP
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