Los internos permanecen privados de libertad hasta un máximo de 60 días a la espera de una expulsión a sus países de origen, que finalmente se produce en menos del 50% de los casos. La Defensora del Pueblo y varias ONG han denunciado en repetidas ocasiones que en las instalaciones de los CIE se producen "violaciones sistemáticas de los derechos humanos". Los extranjeros son encerrados debido a su situación irregular en el Estado español, lo que supone una falta administrativa, no un delito
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