La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) afirma que las entidades no tienen más alternativa que acatar el Real Decreto, aunque no siempre de buena gana: algunas apuraron hasta el último momento, otras entidades ofrecen poca información sobre el proceso, de forma poco visible y difícil de localizar, lo que ya ponía de manifiesto el poco interés por facilitar el procedimiento a los consumidores.
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