Podrán pasar cinco años o diez, pero la esencia no cambia: el «derecho al olvido» era y sigue siendo una falacia, no protege a nadie, y no arregla el problema que se pretendía arreglar, porque el problema no estaba en el buscador, sino en el origen. Pedir a un buscador que no busque y no muestre determinadas cosas es una forma falaz y conceptualmente incorrecta de arreglar las cosas, que da lugar a un derecho artificial injusto que, además y en consecuencia, genera dos clases artificiales de ciudadanos: los que pueden y los que no pueden usarlo
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