Para el sindicato, es necesario que "se revoquen unas concesiones arbitrarias, simultáneas y que coinciden en el tiempo con la entrada en prisión de los torturadores", en otoño de 2013, y ha apuntado a que se les habría otorgado para comprar su silencio. Ha afirmado que este caso entraña "una práctica inmoral que busca garantizar la fidelidad de los cuerpos policiales al poder político", y ha mostrado su incomprensión por el hecho de que se les concediera justo cuando debían entrar en prisión.
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