En este sentido, la CGT recalca que la batalla jurídica abierta contra la privatización de estos servicios esenciales para el desarrollo de una vida digna en nuestra sociedad, está obteniendo algunos resultados. Así se demuestra con dos sentencias, la del TSJ de Castilla-León y el Auto nº431/17 del TSJ de la Comunidad Valenciana. En ambos procedimientos, las empresas privadas argumentan que las EPEL (Entidad Pública Empresarial Local) atentan contra el interés general por vulnerar directamente las restricciones de contratación de empleados ...
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