El sindicato ha recordado la "ilegalidad" en la que vive la AP-6 y sus ramales, AP-61 y AP-51, desde que el Tribunal Superior de Justicia Europeo, el 22 de noviembre de 2010, dictara una sentencia que declaraba "ilegal" la concesión de la vía a Iberpistas. "Pese a los chanchullos que han llevado a cabo hasta ahora los gobiernos", ha incidido García Barros, "entendemos que la sentencia es clara y por eso exigimos su cumplimiento, el fin de la concesión a Iberpistas, y que pase a ser gestionada por el Estado".
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