La solicitud pide al Gobierno de España iniciar un procedimiento de regularización extraordinario, destinado a que estas personas sean ciudadanos de pleno de derecho y puedan acceder a un puesto de trabajo regulado. Estas personas viven en los asentamientos chabolistas de Huelva y, sin embargo, es necesaria su participación en las campañas agrícolas pero carecen de documentación regulada para ser contratados. Las duras condiciones de vida que soportan tienen un impacto negativo a nivel nacional e internacional.
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