La iniciativa encabezada por el vicepresidente, Pere Aragonès, buscaba crear una ley catalana para regular las contrataciones de servicios públicos en todas las administraciones, que hasta ahora se regían por la ley estatal, y había recibido críticas y aplausos. Críticas por parte de algunos movimientos sociales, que consideran que incorpora elementos de privatización encubierta de prestaciones sociales básicas
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