En el caso asturiano la norma no tardará mucho tiempo en ver la luz, con lo que Castilla y León quedará como la única comunidad sin legislación en esta materia. La llegada de Ciudadanos al Ejecutivo castellano y leonés, en julio de 2019, propició el impulso a una norma que el Partido Popular había bloqueado hasta entonces. El adelanto de los comicios paralizó el impulso de la norma, y la firma del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en marzo de este año convirtió definitivamente en papel mojado la iniciativa.
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