La nueva causa de supuesta corrupción que triplica en cuantía al fraude de los ERE lleva seis meses en punto muerto en el juzgado de María Núñez Bolaños. La agencia pública IDEA no ha remitido al juzgado la documentación que le requirió la anterior instructora del caso, Pilar Ordóñez, que impulsó el caso de las transferencias de financiación para averiguar si otras consejerías utilizaron el mismo método que la Consejería de Empleo para agilizar el pago de ayudas irregulares de los ERE eludiendo los controles.
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