Etarras, miembros de los GRAPO o incluso el considerado como preso más peligroso de España. Internos en las cárceles de Alcalá de Henares, Ocaña, Villabona o Herrera de la Mancha. Todos han acudido sin éxito al Tribunal Constitucional para impedir que los directores de las prisiones intervinieran sus comunicaciones mientras cumplían condena.
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