La Audiencia de Cuentas mantiene que el Servicio Canario de Salud pudo incurrir en responsabilidad contable en el caso Mascarillas, al contratar con la empresa RR7, domiciliada en la capital grancanaria, la compra de un millón de mascarillas a cambio de la entrega por anticipado de 4 millones de euros. El material sanitario nunca fue entregado.
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