Calvo ha señalado que, aunque el informe del CGPJ «es en el fondo y en muchas cuestiones bastante razonable», el Ejecutivo español no está de acuerdo con que se diga «que el enaltecimiento del totalitarismo forma parte de la libertad de expresión cuando cada día eso significa el vilipendio absoluto de todas las víctimas que nos quedan por reparar». Ha recordado que «las leyes las elaboran las Cortes Generales» y que son los legisladores quienes tienen «la primera y la última palabra de lo que puede ser obligatorio en nuestro país».
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