El diputado electo de Unidos Podemos está siendo investigado por un presunto delito leve de usurpación inmobiliaria por esta causa. El sindicato asegura que van a presentar un plan de viabilidad para la puesta en funcionamiento de estos terrenos, en Palma del Río. Acusan a la Junta de haber recibido 800.000 euros de la Política Agraria Común por la finca.
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