La eurodiputada Izaskun Bilbao insta a la Comisión Europea a que investigue y sancione las actividades de una empresa promovida por un ciudadano sueco en Letonia que emplea conductores filipinos cobrando un salario de 600 € al mes lo que produce la explotación de los afectados y plantea un caso de dumping social a los operadores del sector en toda la Unión. Se calcula que más de 150.000 ciudadanos originarios de países terceros se integran por este tipo de procedimientos
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