El Supremo avala la inspección del Instituto de Estadística, confirma el bajón demográfico de 2015 y sanciona al Ayuntamiento bilbilitano con 4.000 euros de costas. “La cifra de población es un hecho objetivo, que no puede verse condicionado por las consecuencias que puedan derivarse de que sea una u otra”, señala la sentencia. El Ayuntamiento de Calatayud (gobernado por el PP desde 2011) infló su padrón de 2015 con 2.470 vecinos ficticios para no perder el nivel de 20.000 habitantes que da derecho a mayores cuantías de fondos públicos.
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