Los hechos se remontan a 2020, cuando la demandante recibió una llamada de una persona que se identificó como empleado de Cajamar, y que se limitó a preguntarle si estaba utilizando su ordenador; tras contestar que no, el hombre cortó la llamada. Poco tiempo después, la clienta comenzó a detectar fallos en el funcionamiento de su teléfono móvil, que no podía recibir o hacer llamadas, ni acceder a Internet.
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