La Comisión negociará trayectorias de ajuste individuales con los países que tengan más de un 3% de déficit y cuya deuda supere el 60%. Los incumplidores tendrán sanciones por valor de 0,05% de su PIB cada seis meses hasta un máximo del 0,5%, que en el caso de España asciende a unos 6.600 millones.
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