La medida forma parte del arsenal que prepara Bruselas para afrontar una posible interrupción de la llegada de gas ruso. El plan incluye también “un racionamiento coordinado y una reducción de la demanda”, según el proyecto que el Ejecutivo comunitario espera aprobar el día 18 y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El tope al precio del gas fijaría por vía administrativa un precio máximo del combustible despachado a empresas y consumidores. La tarifa regulada, añade el documento, solo estaría en vigor mientras durase la emergencia.
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