La Abogacía General del Estado emitió un informe legal que facilita al gobierno de Lula avanzar en los estudios y posterior exploración de petróleo en la región Foz do Amazonas [desembocadura]. El informe, solicitado por el ministro de Minas y Energía, da un argumento adicional al Gobierno al defender que la Evaluación Ambiental de Área Sedimentaria no es indispensable y no puede detener dar licencias para proyectos de explotación. La obligación de la evaluación fue clave al rechazar la solicitud en mayo de Petrobras para iniciar prospecciones.
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