Se trata de un recurso muy cuestionado puesto que violaría los principios de transparencia e impersonalidad que requiere cualquier ley de presupuestos y que desde su aprobación ha servido a Bolsonaro para mantener la gobernabilidad dentro de un Congreso repleto de clientelismo. Los años estos recursos se han repartido sin criterio técnico alguno y han abastecido a entidades locales y regionales aliadas del Gobierno Federal para sufragar sus políticas o bien comprar bienes de manera innecesaria, desde tractores hasta camiones de basura
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