La falta de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial por las diferencias entre los dos principales partidos afecta a los más altos tribunales, también al Constitucional, y está contribuyendo al atasco y al deterioro de la administración de Justicia. A finales de año, solo el Supremo tendrá entre 14 y 20 plazas vacantes. Es decir, que podrían dejar de dictarse hasta mil sentencias que marcan jurisprudencia.
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