De haber informado a sus clientes de las opciones, habrían podido acogerse a medidas como la reestructuración de la deuda, una quita de la misma o un alquiler social, ya que al quedar en paro y tras 7 años cumpliendo con los pagos, “sufrían graves dificultades económicas para afrontar los pagos de la hipoteca de su vivienda”. Al no tener conocimiento, se vieron envueltos en una serie de transacciones que les llevaron a entregar su vivienda a la entidad bancaria para obtener un alquiler social de 200€ y abonando cuota por un préstamo ficticio.
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