El Banco de España se constituye, una vez más, en lo que no debe ser porque no tiene competencias para ello, el árbitro que decide qué medida de política económica es deseable y cuál no. Algo curioso, porque resulta que falla estrepitosamente a la hora de llevar a cabo las funciones de control y supervisión financiera que sí le corresponden (provocando costes elevadísimos para todos los españoles) y, sin embargo, se mete a dar consejos donde nadie se los pide ni tiene por qué darlos.
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